La Justicia ordenó la reapertura de La Salada, la feria más grande de Sudamérica ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, cuyo principal referente, Jorge Castillo, continúa preso acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros delitos, junto a varios socios.

La Salada aparece en el informe sobre los mercados más importantes de falsificación y piratería en el mundo, confeccionado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, en el cual se advirtió que en los últimos años se masificaron los tours de compras desde Brasil y Uruguay para realizar transacciones en ese predio.

La feria perjudicó la imagen de la Argentina en el mundo, que mira al país como una de las naciones que incumplen los derechos de propiedad intelectual, una observación que el gobierno de Javier Milei busca ahora revertir.

Además, la feria representaba un enorme foco de evasión, que suma su importante grano de arena para complicar el objetivo de sostener el equilibrio fiscal, explicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

Además, la Unión Europa la calificó como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada".

Se estima que unos 48 mil feriantes vendían productos en este gigantesco predio, que tiene tres paseos de compras.

Para volver a funcionar, esta feria, fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos y que tuvo un crecimiento exponencial durante las últimas tres décadas, deberá cumplir estrictas condiciones.

De acuerdo con la resolución del juez Luis Armella, los vendedores que pretendan comerciar en algún lugar de las veinte hectáreas conformadas por los paseos de compra Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, deberán cumplir varias medidas, y además tendrá que haber un veedor judicial, de la Municipalidad y de ARCA.

En el marco de esta causa, la fiscal federal Cecilia Incardona acusó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (está prófugo), de lograr "ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios".

Incardona denunció que el "abultado patrimonio y nivel socioeconómico de los acusados eran evidencia de esto".

La Justicia ya secuestró 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades pertenecientes a los denunciados.

La nueva intervención, aún por designar, deberá garantizar que estén registrados inquilinos y puestos alquilados, y que se instalen sistemas bancarizados, que solo podrán cobrar bajo esa modalidad.

El sindicato de Trabajadores de Ferias había solicitado el levantamiento de la clausura con el fin de garantizar “condiciones de trabajo dignas”.

El gremio dijo que la cantidad de puestos de trabajo generados por las ferias ronda los 150 mil, si se incluyen carreros, puestos de alimentos y remiseros, entre otros.

Fuente(NA)