“Actualmente nosotros nos regimos por una ley del año 80 con una mínima reforma del año 83. Estamos hablando de más de 40 años atrás. Yo creo que la Argentina necesita una discusión seria respecto al sistema penal juvenil”, señaló el jefe de los fiscales provinciales al analizar el debate que volvió a instalarse a nivel nacional.

Giménez, que fue juez de instrucción hasta 2019, relativizó la percepción social sobre la participación de menores en delitos graves y aportó datos del sistema penal misionero. “La incidencia es ínfima en datos objetivos. Yo creo que en todo el sistema penal de la provincia los procesos de menores son aproximadamente el 2% de todas las causas”, afirmó, y agregó que incluso en contextos de encierro la presencia de menores es aún menor.

El procurador recordó que la legislación vigente establece que los menores de 16 años no son punibles, mientras que los de entre 16 y 18 años lo son de manera restringida, solo para delitos con penas superiores a dos años de prisión. “Nos quedamos muy atrás en esa discusión respecto al resto de los países de la región”, advirtió.

Sobre la edad concreta que debería fijarse en una eventual reforma, Giménez explicó por qué ve difícil avanzar hacia los 12 o 13 años. “Podría ir en contra de convenciones internacionales suscriptas por el Estado argentino. Los jueces, al aplicar una ley inconstitucional, podrían exponer a la Nación a sanciones de organismos internacionales”, sostuvo. En ese marco, consideró que hoy existe mayor consenso político para establecerla en 14 años.

Sin embargo, aclaró que el debate no debe limitarse a un número. “No es solamente 12, 14 o 16. Hoy la capacidad para ser imputable o no debe ser evaluada por un cuerpo médico o forense especializado que determine si ese chico comprendió la criminalidad del acto al momento de cometerlo”, explicó.

Consultado sobre los delitos graves, el procurador fue enfático: “Siempre y cuando el cuerpo médico o forense diga que tiene la capacidad, estaríamos hablando de un sistema penal juvenil diferenciado. Claramente podrían entrar en un proceso penal, pero distinto al de los adultos”.

Giménez también puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los riesgos de mezclar menores con adultos.

En ese sentido, sostuvo que cualquier reforma debe contemplar institutos especializados con un perfil educativo y de reinserción. “Para no caer en meros depósitos de menores, el proyecto debe incluir partidas presupuestarias específicas para esos centros. Si no, veo muy difícil la implementación, sobre todo en las provincias donde escasean los recursos”, alertó.

Finalmente, subrayó que el eje debe estar puesto en evitar la reincidencia. “Esta reforma debería priorizar la reeducación y prevenir que, al cumplir la mayoría de edad, el chico vuelva a delinquir. Si no, lo único que vamos a crear es una universidad de perfeccionamiento delictivo”, concluyó. A título personal, resumió su postura: “14 años para delitos graves, con un tope de hasta 15 años”.



Fuente(Misionesonline)