De acuerdo con la información oficial, la medida entra en vigencia a partir de este miércoles 11 de febrero y se extenderá por un periodo inicial de 15 días hábiles. Bajo este régimen legal, tanto el gremio como la cámara empresarial están obligados a retrotraer el escenario laboral al estado previo al inicio de la controversia.

En términos prácticos, esta resolución exige que el sindicato liderado por la UTA deje sin efecto cualquier medida de acción directa —como paros o asambleas— y se abstenga de iniciar nuevas protestas durante el tiempo que dure el proceso. Por su parte, las empresas de transporte deben garantizar el despliegue habitual de sus unidades y la prestación regular de todas las frecuencias.

Desde el área de Capital Humano se emitió una intimación formal dirigida a la UTA para que, a través de sus delegados, se garantice la normalidad en la prestación del servicio en el interior. El objetivo es evitar que se produzcan cancelaciones, demoras injustificadas o cualquier tipo de perjuicio directo contra los derechos de los usuarios.

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo ha instado a las partes a retomar las mesas de negociación en la sede de la Secretaría de Trabajo. Se busca que, en este nuevo espacio de diálogo, los actores logren acercar posiciones y alcanzar un acuerdo salarial superador que ponga fin al conflicto de manera definitiva.

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano recalcó la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas de resolución. No obstante, subrayó que la prioridad del Estado es salvaguardar un servicio esencial y proteger el interés general, asegurando que el sistema de transporte funcione sin contratiempos mientras se desarrolla la etapa de mediación formal.





Fuente(MinutoUno)