“Si se pone 14 años no es una tragedia para nadie, sino que es un falso problema”, afirmó. Según explicó, la mayoría de los países fija la imputabilidad en esa edad —como Paraguay o Alemania— y la modificación, en sí misma, no implicaría un quiebre jurídico. Sin embargo, remarcó que el eje no está en el número sino en la inexistencia de un fenómeno delictivo que justifique la reforma.

“El tema no pasa por la edad. La tasa de delitos graves que cometen niños, porque son niños, por la convención de 16 años hacia abajo, es inexistente”, sostuvo. En esa línea, agregó: “No se puede legislar por la excepción. No existe el problema de delitos cometidos por niños de menos de 16 años”.

Para el letrado, la discusión responde a lo que definió como “populismo punitivo”, un proceso que ubicó al discurso criminal en el centro de la agenda política desde fines del siglo pasado. “Estás creando un falso problema, lo convertís en realidad y seguís la línea de lo que se llama populismo punitivo”, señaló.

Paredes vinculó ese fenómeno con la experiencia de Estados Unidos a partir de la década del 70. Citó al académico Jonathan Simon y describió el crecimiento masivo del encarcelamiento en ese país, que llegó a tener 800 presos cada 100.000 habitantes. “El crecimiento de la población carcelaria no tiene ninguna vinculación con la violencia en una sociedad”, afirmó.

Según detalló, Estados Unidos comenzó a reducir esa tasa a partir de 2011, tras enfrentar un sistema penitenciario con sobrepoblación y una población envejecida que demandaba altos costos sanitarios. “Crearon penas demasiado altas, condenas demasiado altas, que generaron una población carcelaria muy envejecida”, explicó.

En el plano local, indicó que Argentina pasó de 60 presos cada 100.000 habitantes en la década del 80 a más de 255 en la actualidad, mientras que la provincia de Buenos Aires llegó recientemente a 377. “Vamos en un proceso de crecimiento de la población carcelaria desde hace 20 años muy marcado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, subrayó que la tasa de homicidios en el país se mantiene entre 4 y 5 cada 100.000 habitantes y viene en descenso. “Argentina tiene hoy la tasa más baja de Latinoamérica y, sin embargo, la población carcelaria crece”, remarcó. Para Paredes, esto demuestra que “no tiene nada que ver la violencia real con la cantidad de presos”.

Sobre la eventual aplicación del nuevo régimen, advirtió que el sistema penitenciario argentino se encuentra saturado. “Todas las cárceles argentinas están desbordadas”, afirmó, en referencia a informes recientes de organismos de control. En ese contexto, señaló que no existe margen para seguir ampliando la criminalización sin profundizar el hacinamiento.

En cuanto a los menores que hoy cometen delitos graves, aclaró que no quedan sin intervención judicial. “Un chico de 13 o 14 años que cometa un hecho grave no queda libre, queda a disposición del juez”, indicó. Y agregó que los casos son escasos: “Son muy pocos los que cometen delitos graves”.

El penalista también cuestionó el impacto del encierro en adolescentes. “El fenómeno carcelario está muy estudiado. La cárcel lo que hace es internalizar el estereotipo”, expresó. En ese sentido, diferenció entre el hecho y la identidad: “Una cosa es decir ‘cometí un robo’ y otra cosa es ‘soy un ladrón’. Se internaliza el estereotipo”.

Paredes sostuvo que el sistema penal impacta principalmente sobre sectores vulnerables. “El sistema punitivo solamente atrapa a los sectores vulnerables. Esto es universal”, afirmó. Y vinculó el fenómeno con los niveles de desigualdad social medidos por el índice de Gini: “A mayor desigualdad, mayor conflicto social”.

Consultado sobre alternativas, consideró que la discusión no se resuelve con reformas penales. “El Código Penal no resolvió nunca ningún problema”, aseguró. Para el abogado, el eje debería estar en políticas de integración social. “Es un problema de exclusión, no es un problema que vas a resolver con la policía”, concluyó.




Fuente(Misionesonline)