La pericia revela que los máximos dirigentes del fútbol argentino desconocieron judicialmente un contrato que ellos mismos firmaron y que seguía vigente cuando, en marzo de 2023, la entidad decidió dejar de cumplirlo. Esa decisión fue el primer paso para reorganizar el negocio internacional de la Selección Argentina a través de una estructura financiera paralela, construida a partir de un nuevo acuerdo con la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni y su esposa, érica Gillette.
Con esa empresa, la AFA creó una estructura que le permitió concentrar desde los contratos por los amistosos de la Selección, por los sponsors, la televisación y otros negocios vinculados a la combinado que representa al fútbol argentino. La administración de los ingresos a través de esa compañía está bajo la lupa judicial, fiscal y administrativa, tanto en el país como en Estados Unidos.
La Justicia Comercial investiga si el desconocimiento de ese contrato, como paso previo para la irrupción de TourProdEnter, no se trató de un desacuerdo administrativo ni de un defecto formal del contrato, sino la antesala para el control de un negocio millonario que cobró otra dimensión tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
En ese entonces, la Selección aún no había ganado el Mundial y su valor internacional era sensiblemente menor. Aun así, el contrato anticipaba un crecimiento del negocio que se consolidó en los años siguientes.
Tofoni, con más de 30 años en la industria del fútbol, con licencia FIFA desde 1999 y más de 300 partidos organizados en distintos países, mantenía una relación comercial con la AFA desde hacía más de una década, sin antecedentes de conflictos judiciales.
Los acuerdos previos entre las partes se celebraron bajo modalidades similares, sin intervenciones notariales especiales ni aprobaciones formales del Comité Ejecutivo, una práctica habitual dentro de la entidad.
La victoria en el Mundial de Qatar 2022 transformó radicalmente el valor comercial de la Selección. Cada partido amistoso comenzó a generar ingresos millonarios por derechos audiovisuales, marketing y acuerdos comerciales.
En ese nuevo contexto, el control de los amistosos pasó a ser estratégico dentro de la estructura de poder de la AFA.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, a partir de ese momento se gestó una reorganización interna del negocio. En marzo de 2023, durante la primera fecha FIFA del año, la AFA dejó de cumplir el contrato con World Eleven sin rescindirlo formalmente ni negociar una salida consensuada.
Simultáneamente, la entidad avanzó en acuerdos con nuevas empresas, desplazando de hecho a Tofoni de un negocio respaldado por un contrato vigente.
Ese desplazamiento marcó el inicio de la aparición de TourProdEnter, una firma creada para canalizar los negocios internacionales de la Selección por fuera de la estructura tradicional de la AFA.
TourProdEnter quedó asociada a Javier Faroni y a Érica Gillette, empresaria argentina con nacionalidad estadounidense. La empresa comenzó a ocupar lugares centrales en la organización de partidos y eventos de la Selección.
Según consta en la causa, el contrato con TourProdEnter fue firmado bajo criterios distintos a los de acuerdos previos: en esta ocasión, se exigió una aprobación formal del Comité Ejecutivo, requisito que la AFA había invocado como argumento para desconocer el contrato con Tofoni.
Ese cambio en las reglas internas es uno de los puntos en análisis: la exigencia de aprobación apareció luego del incumplimiento del acuerdo con World Eleven y coincidió con la creación de la nueva estructura comercial.
Faroni y Gillette fueron posteriormente incluidos en investigaciones del Departamento del Tesoro y de la Justicia de Estados Unidos por movimientos financieros y estructuras societarias, lo que sumó una dimensión internacional al conflicto.
En 2023, Tofoni presentó una demanda por incumplimiento contractual contra la AFA, primero en el fuero penal contra Tapia y Toviggino por presunta defraudación, vinculada al desplazamiento de World Eleven y a la reorganización del negocio.
La defensa de la AFA se desplegó en varias etapas. Primero, argumentó que el contrato era inválido por falta de aprobación del Comité Ejecutivo. Después, alegó ausencia de respaldo institucional. Finalmente, Tapia y Toviggino desconocieron judicialmente el acuerdo, lo que llevó a la necesidad de una pericia caligráfica.
Esa postura no implicó una acusación directa de falsificación, pero obligó al tribunal a determinar si las firmas correspondían efectivamente a los dirigentes.
El estudio fue realizado por la calígrafa pública Liliana Beatriz Quintana, designada como perito única de oficio.
El análisis incluyó estudio físico del papel, examen óptico, evaluación de tintas, presión de trazos, secuencias gráficas y comparación con firmas indubitadas obtenidas del RENAPER, la Policía Federal y otros documentos reconocidos judicialmente.
El informe descartó raspaduras, enmiendas, alteraciones químicas y manipulaciones mecánicas. También destacó la espontaneidad, continuidad y coherencia estructural de las firmas.
En el caso de Tapia, se identificaron trazos curvos característicos, inclinación derecha y presión constante. En el de Toviggino, movimientos ascendentes prolongados y enlaces finales distintivos.
La conclusión resultó categórica: “Las firmas son auténticas y corresponden a sus respectivos puños y letras”, afirmó Quintana. El dictamen fue ratificado por el consultor técnico Horacio López Peña.
Fuente(Infobae)





