Moreno recordó que la Argentina mantiene desde hace décadas una legislación antigua que fija los 16 años como edad mínima de responsabilidad penal juvenil y explicó el estado actual del debate legislativo. “El dictamen de mayoría del año pasado, que fijaba la edad en 14 años, perdió estado parlamentario. Lo que se está retomando es el viejo proyecto del Poder Ejecutivo, que hablaba de 13 años. El 11 de febrero habrá reunión de comisiones y es posible que se eleve nuevamente a 14 para tratarse el 12 de febrero en Diputados”.

Desde la asociación que nuclea a jueces y funcionarios especializados en niñez, adolescencia y familia, la postura es histórica y contraria a la baja. “Naciones Unidas elogió a la Argentina por la edad que tiene. Es cierto que muchos países de Latinoamérica bajaron la edad hace años, pero eso fracasó. Brasil y Costa Rica la bajaron a 12 y no mejoraron ni la seguridad juvenil ni la seguridad ciudadana”, afirmó.

En ese sentido, fue contundente al desarmar uno de los principales argumentos oficiales. “La incidencia del delito cometido por adolescentes punibles o no punibles es insignificante en el mapa del delito argentino, sobre todo en las provincias. El delito grave juvenil se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón bonaerense. En muchas provincias, un homicidio cometido por un menor ocurre uno por año o ni siquiera eso”, sostuvo.

Moreno advirtió además que el debate se da en un orden equivocado. “Se está haciendo totalmente al revés. Primero se baja la edad y después se piensa qué hacer. No hay infraestructura, no hay programas y no hay financiamiento. Esta ley va a requerir más establecimientos, más equipos y programas que hoy no existen en las provincias. ¿De dónde va a salir el dinero?”, cuestionó.

“El gobierno nacional suele decir que no impulsa leyes sin financiamiento. Sin embargo, en este caso avanza igual. La diferencia es que el gasto lo harían las provincias, que están desfinanciadas y dependen muchas veces de los ATN. Parece que eso no importa”, agregó.

El presidente de Ajunaf también aclaró un punto que suele generar confusión en la opinión pública. “La justicia penal juvenil no tiene como misión reprimir ni castigar como en adultos. La privación de libertad es la última opción. La mayoría de los chicos va a sanciones socioeducativas, con programas supervisados por jueces. Solo en delitos graves se justifica la privación de la libertad, y eso va a depender de cómo quede redactada la ley”.

Para Moreno, el problema de fondo excede largamente la edad penal. “Estamos corriendo atrás de una demagogia punitiva. Muchos de estos adolescentes tienen historias previas de violencias intrafamiliares, pasaron por la escuela, por el sistema de salud, por juzgados de familia, y ahí también fracasamos como Estado y como justicia”.

El flagelo de las adicciones

Otro eje central es el de las adicciones. “El consumo problemático es transversal. Afecta tanto a chicos que están en conflicto con la ley como a los que nunca lo van a estar. En los barrios populares el consumo crece y las madres no encuentran respuestas: no hay internaciones, no hay efectores cercanos, y a veces se traslada a los jóvenes a 100 o 200 kilómetros de su centro de vida”, describió.

Finalmente, puso en tela de juicio la base estadística utilizada para justificar la reforma. “El gobierno se funda en un informe de la Corte Suprema que solo analiza la justicia nacional de menores de Capital Federal. No incluye a las provincias ni pidió datos a los ministerios de justicia provinciales. Hay provincias con menos de 10 casos de delito penal juvenil al año. No se puede hacer una ley para todo el país basándose en lo que pasa en el 2% del territorio”

“Aun quienes creen que hay que bajar la edad tienen derecho a pensarlo, pero por lo menos hagan una buena ley, con presupuesto, programas y organismos de protección integral fortalecidos. Sin eso, no va a traer ninguna solución”, sentenció.




Fuente: Misiones Online