Estos procesos involucran a personas que residían legalmente en el país durante décadas y que de pronto han sido clasificadas como riesgo por el gobierno turco, sin que se les haya presentado una acusación clara ni se les haya permitido defenderse adecuadamente.​

Desde 2019, las autoridades turcas han usado códigos internos de seguridad, como los llamados “N‑82” y “G‑87”, para bloquear el regreso de misioneros cristianos al país tras viajes al exterior o para negar la renovación de sus visados y permisos de residencia. Estos códigos, en la práctica, impiden el reingreso sin explicación oficial ni posibilidad de respuesta, rompiendo vínculos familiares, laborales y espirituales de los afectados.​

Según la organización jurídica internacional ADF International, alrededor de 160 trabajadores extranjeros —pastores, profesores, obreros y misioneros— fueron directamente impactados por estas medidas, sin contar a sus familias. Se estima que centenares de personas en total se han visto afectadas por estos cierres de fronteras motivados únicamente por su testimonio cristiano.​

Entre los casos más visibles están Pam y Dave Wilson, que sirvieron en Turquía durante casi 40 años y luego fueron impedidos de regresar; una pareja identificada como Rachel y Mario Zalma, que no pudieron entrar de nuevo tras participar en una conferencia de iglesia; y el pastor David Byle, que fue forzado al exilio después de 19 años de ministerio en el país. Estas historias muestran cómo el gobierno turco ha roto proyectos de vida construidos durante décadas con base en un temor genérico de “amenaza a la seguridad”.​

En la práctica, los códigos utilizados por Ankara clasifican a los misioneros como potencial amenaza al orden público, un rótulo que suele aplicarse a sospechosos de terrorismo, aunque no exista ningún antecedente criminal ni pruebas de actividades ilícitas. La única circunstancia común entre todas las personas afectadas es la predicación del Evangelio, lo que lleva a ADF International a afirmar que se trata de un patrón de discriminación contra cristianos extranjeros.​

Un informe de violaciones de derechos humanos de 2024, elaborado por la Asociación de la Iglesia Protestante, señala que 132 cristianos extranjeros recibieron códigos de prohibición de entrada únicamente por su fe, y que 303 personas en total han sido afectadas por estas medidas. La organización advierte también que las prohibiciones han dejado a muchas iglesias locales sin liderazgo estable, debilitando aún más a una comunidad cristiana ya pequeña en un país de mayoría musulmana.​

La Dra. Lidia Rider, asesora jurídica de ADF International, denunció que “la adoración pacífica y la participación en la vida de la iglesia no representan amenazas a la seguridad nacional”, pero que cristianos extranjeros han sido etiquetados como riesgo y expulsados basándose en expedientes no revelados. “Sin acceso a las acusaciones, no tuvieron una oportunidad significativa de defenderse en los tribunales. La divulgación de estos casos por el Tribunal es un paso crucial hacia la responsabilidad y la reparación”, añadió.​

La organización también señaló que, al recibir todos los procesos de forma conjunta, el TEDH reconoce que podría tratarse de un patrón sistemático de discriminación y no de decisiones aisladas. Kelsey Zorzi, directora de Libertad Religiosa Global de ADF International, explicó que la expectativa es que el Tribunal defienda el principio de que los gobiernos no pueden privar a las personas de sus derechos simplemente por vivir su fe, en línea con la Convención Europea de Derechos Humanos.​

Estos casos, además, levantan serias preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales, como la libertad religiosa, el derecho a la vida familiar y la protección contra la discriminación. Cientos de misioneros ven frustradas su labor y separados de sus familias y comunidades cristianas, mientras el gobierno turco se ampara en una “seguridad” sin evidencia concreta de delitos.





​Fuente(Bibliatodo Noticias)