La decisión del gobierno de Javier Milei de convertir al INTA en un organismo desconcentrado, eliminar la autarquía financiera y modificar la estructura de otros entes, como el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), abrió un debate intenso sobre los riesgos de concentrar el poder de decisión en un esquema con menor participación público-privada.

Para las entidades rurales, esta medida amenaza la continuidad de políticas técnicas que fueron esenciales para el desarrollo agropecuario en las últimas décadas. Si bien reconocen la necesidad de modernizar la gestión, advierten que el proceso elegido podría terminar debilitando la previsibilidad institucional.

En el comunicado difundido varias horas después de que el Poder Ejecutivo publicara el decreto en el Boletín Oficial, los representantes del agro señalaron que la falta de diálogo previo y de información detallada sobre los alcances concretos genera incertidumbre en todo el ecosistema productivo. “En un país históricamente vulnerable a las modificaciones impulsadas por los sucesivos gobiernos, estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable”, afirmaron en el comunicado conjunto.

Las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace formaban parte hasta ahora del Consejo Directivo del INTA, un órgano que garantizaba equilibrio y representatividad entre el Estado, las provincias y el sector privado. Con la reforma, ese espacio se transformará en un consejo técnico ad honorem de carácter consultivo, mientras que el presidente –con rango de secretario de Estado– será designado directamente por el Ejecutivo y tendrá amplias facultades.

Esa decisión profundizó el malestar de los productores. La preocupación se extiende a los cambios que afectan otras instituciones estratégicas, como el Inafci, pensado para la agricultura familiar, y el Inase, responsable de regular la producción y comercialización de semillas. Para muchos dirigentes rurales, el impacto final de estas modificaciones sigue siendo incierto y podría derivar en menos control de los productores sobre políticas que inciden directamente en la vida económica de las economías regionales y de la producción nacional.

Menos previsibilidad para los pequeños productores

La voz más crítica fue la de Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina. En un pronunciamiento enfático, denunció que la reforma consolida un esquema de centralismo extremo que desplaza al sector privado y a las provincias hacia un rol meramente consultivo, sin capacidad de decisión efectiva.

“Vemos como línea conductora que hay un creciente centralismo, y que casi todos los cambios implementados dejan funcionando organismos gobernados casi totalmente por representantes del Poder Ejecutivo”, señaló Sarnari. Para la dirigente, este nuevo diseño institucional “atenta contra el federalismo y también contra la articulación público-privada que, en casos como el INTA, han demostrado sobradamente su importancia”.

Sarnari explicó que el paso del INTA a un carácter de organismo “desconcentrado” genera dudas de fondo: “Nos preocupa ver el alcance real que le dan a ese nuevo carácter, así como también el rol que le asignarán al consejo consultivo, considerando que su voluntad queda casi desdibujada. Esto abre muchos interrogantes y genera alarma porque atentaría directamente sobre la gobernanza y la autarquía, al tiempo que deja en manos del gobierno de turno las decisiones y recorta la mirada de largo plazo, fundamental para un organismo como el INTA”.

La presidenta de Federación Agraria también expresó inquietud por la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y otras herramientas de la Ley 27.118, como el Banco de Tierras. “Desde FAA creemos que es un error disolver el Inafci, así como también el Banco de Tierras y otras herramientas previstas. Se trata de instrumentos por los que hemos peleado, y el hecho de que otros gobiernos hayan hecho un uso inadecuado no implica que sus objetivos y finalidades no sean fundamentales para los productores de menor escala”, enfatizó.

En este sentido, advirtió que la eliminación del Inase y del Conase podría tener efectos imprevisibles sobre la regulación y fiscalización de semillas, un tema clave para la competitividad de los pequeños productores.

“Sin dudas, en general creemos que todas estas desarticulaciones nos afectan con más fuerza a los productores de menor escala, que somos quienes más necesitamos del apoyo y la protección del Estado”, insistió Sarnari. Aunque reconoció que algunos organismos podían requerir modernización o redimensionamiento, subrayó que la forma elegida “deja abierta la puerta a que estos organismos queden al arbitrio del gobierno de turno, que vayan mutando con cada cambio de gobierno, sin poder brindar previsibilidad ni apoyo real a los productores que los necesitamos”.

Mientras tanto, en la Casa Rosada aseguran que la reforma apunta a “agilizar estructuras burocráticas sobredimensionadas” y a dotar de eficiencia a la administración pública. Sin embargo, las entidades agropecuarias advierten que cualquier intento de modernización debe sostener la autonomía técnica, la participación de los actores productivos y las garantías de continuidad de las políticas estratégicas.

Para la Mesa de Enlace, la clave pasa por mantener reglas claras y marcos institucionales estables que permitan al sector agropecuario planificar inversiones y sostener la innovación. Entre tanto, los productores aguardan que el Gobierno convoque a una mesa de trabajo para discutir el alcance de los cambios y definir mecanismos que aseguren la gobernanza plural en organismos que, como el INTA, fueron pilares de la investigación y la extensión rural en las últimas décadas.







Fuente(ambito.com)